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En la tarde de este martes día 23 de septiembre Alberto
Ruiz Gallardón ha anunciado en rueda de prensa su dimisión como Ministro de
Justicia, motivada por no
haber contado con el apoyo del Gobierno en la aprobación de su controvertido
proyecto de ley del aborto. Al frente del Ministerio le sustituirá Rafael Catalá Polo,
hasta ahora Secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras del
Ministerio de Fomento. El nuevo Ministro ya tuvo responsabilidades en el
Ministerio de Justicia, pues fue Secretario de Estado de Justicia con el
Ministro Michavilla, entre 2002 y 2004, periodo en el que se produjo la reforma
de la LOPJ que modificó nuestro estatuto jurídico e introdujo la denominada
“nueva oficina judicial”.
Desde STAJ no podemos decir que nos apene la renuncia de
Gallardón, pues no han sido pocas las veces que hemos pedido su dimisión. Le deseamos lo mejor en su
vida personal, pero desde luego al frente del Ministerio no ha hecho sino tomar
decisiones polémicas una tras otra y muchas de ellas, a nuestro juicio,
gravemente perjudiciales para el servicio público de la Administración de Justicia.
Es el caso, por ejemplo, de la modificación del CGPJ, que
introduce cualquier cosa menos independencia en el órgano de gobierno del Poder
Judicial. O el caso de la Ley
de Tasas, que impide el acceso igualitario a la justicia de aquellos que
menos recursos tienen, y queSTAJ ha combatido fuertemente,
habiendo impulsado junto a plataformas profesionales y ciudadanas el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Grupo socialista en
el Congreso, además de haber forzado una modificación que suavizó, aunque de
forma insuficiente, las previsiones de la Ley.
También perjudica al servicio público la reciente “privatización” del Registro Civil,
medida que ya está aprobada no sólo por el propio Ministro, sino también por el
Gobierno y el Parlamento, por lo que no puede decirse que sea algo exclusivo de
Gallardón sino, más bien, de todo el partido popular. Por otra parte, y en
honor a la verdad, hay que decir que Gallardón
sólo es responsable de la “privatización”, pero no de la desjudicialización,
pues ésta fue promulgada en una ley
aprobada por el PSOE cuando
en el 2011 estaba en el Gobierno -y contra la que, por cierto, nada hizo algún
sindicato que ahora tanto protesta-, desjudicialización que preveía ya de forma
indirecta la desaparición de los cientos de puestos de trabajo vinculados al
Registro Civil. Ahora, al menos, el Ministro se había comprometido a mantener
esos puestos en su ámbito, y las presiones de STAJ iban por buen camino en el sentido de
garantizarse también los puestos en las Comunidades Autónomas con competencias.
Y si no se logra esa garantía, STAJ apuesta por la huelga y en este
sentido está consultando a todos los funcionarios afectados.
Hay otros proyectos de Gallardón que quedan en el aire, y
que son más o menos polémicos. La reforma
del Código Penal está en
trámite parlamentario, pero la nueva
Ley de enjuiciamiento criminal difícilmente
verá la luz, ni siquiera ha sido aprobada aún por el gobierno. También están en
trámite parlamentario la Ley del Estatuto
de la víctima, la nueva Ley
de jurisdicción voluntaria, y la nueva Ley
de justicia gratuita. Estas dos últimas tampoco están exentas de polémica,
la primera por lo que tiene de cierta privatización de algunos asuntos de
jurisdicción voluntaria, y la segunda porque no gusta nada a los abogados. En
cualquier caso, son leyes que ya no están en el Ministerio, sino en el
Parlamento.
Sin duda, junto con la desjudicialización del Registro
Civil, la reforma que más nos afectará a los funcionarios de justicia es la de
la Ley Orgánica del Poder
Judicial, en el caso de que siga adelante su tramitación. El Anteproyecto
de esta Ley habría supuesto, de aprobarse sin modificaciones, el mayor
retroceso de derechos que hubiéramos tenido nunca los funcionarios al servicio
de la Administración de Justicia, además de suponer una profunda transformación
de la organización judicial en España. Ese anteproyecto no sólo ha contado con
el rechazo de los funcionarios
y especialmente de STAJ,
sino también de prácticamente todos los colectivos vinculados a la justicia,
desde jueces a abogados, sin olvidar a representantes de otros sectores de la
Administración. De ahí que el
texto esté sufriendo una modificación tan grande que se parecerá poco al
Anteproyecto originario.
Por lo que respecta a nuestro
estatuto jurídico, el preacuerdo alcanzado en julio por STAJy otros sindicatos con el
Ministerio, fruto de las negociaciones y presiones que hemos ejercido desde que
se dio a conocer el anteproyecto, va
a mantenerse prácticamente en los mismos términos en que actualmente está
diseñado en la LOPJ vigente, incluso
con algunas mejoras, aunque desde luego no está todo lo que quisiéramos.
Gracias al preacuerdo, se
mantendrá el carácter municipal y no provincial de los centros de destino, se impedirá la movilidad geográfica
ordinaria forzosa y se potenciará la promoción interna,
entre otras cosas. Y además, se
mantendrán los partidos
judicialesy los juzgados -oficina judiciales- de
paz, sin que se pierdan, en definitiva, los puestos de trabajo
afectados.
En estos momentos no podemos saber si la nueva LOPJ verá
la luz, ni siquiera si será llevada al Consejo de Ministros. Pero si se lleva,
desde luego tendrá que ser recogiendo en su texto todas las garantías descritas
en el preacuerdo. Por otra parte, no debe olvidarse que el preacuerdo contiene
el compromiso de desarrollo
reglamentario, lo que puede suponer la mejora de la regulación de algunas
cuestiones que a nuestro juicio son manifiestamente mejorables, como sucede con
la regulación de las sustituciones o las comisiones de servicio, o el régimen
disciplinario.
Si finalmente la nueva LOPJ no ve la luz, mejor para
todos, pues desde STAJ siempre hemos defendido que la solución de la Justicia no está
en modificar una y otra vez la Ley, sino en invertir en medios humanos y
materiales. Pero que nadie olvide que la LOPJ vigente, pactada en 2003, ya
establece una profunda modificación de la estructura y organización de la
Oficina Judicial, que ya está siendo implantada en muchas ciudades y que está
ya proyectada para otras muchas.
STAJ luchará,
como siempre, sin demagogias, sin hacer política y sin pedir cosas imposibles.
La paralización de la reforma de la LOPJ dejaría las cosas como están en la Ley
actual. Pero no debemos obviar que hay cuestiones que aun sin nueva LOPJ deben
ser acometidas con urgencia, por ejemplo, la situación en que quedarán los
Juzgados de Paz cuando se materialice la desjudicialización definitiva a partir
de 2015, con privatización o no, del Registro Civil, vaciando a dichos juzgados
de una de sus principales funciones, poniendo en riesgo la continuidad de los
puestos de trabajo. Esa es una de las previsiones del preacuerdo y por ello,
entre otros muchos motivos, es preciso que se cumpla aunque la nueva LOPJ no
vea la luz.